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Régimen de Inocencia Fiscal II: cuál fue el dictamen de mayoría en Diputados
Régimen de Inocencia Fiscal II: cuál fue el dictamen de mayoría en Diputados
El miércoles 12 de agosto el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría en Diputados para avanzar con el proyecto de reforma del denominado Régimen de Inocencia Fiscal II. De esta manera, quedó habilitado para ser tratado en el recinto el día 26 de agosto. La iniciativa busca ampliar el universo de contribuyentes personas humanas que podrán acceder a los beneficios del Régimen de Inocencia fiscal y Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, incentivando la formalización de ahorros y patrimonio no registrados.
La principal modificación introducida durante el debate fue la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios sustanciales del régimen, una decisión que buscó neutralizar las críticas vinculadas a eventuales privilegios para quienes ejercen o ejercieron cargos de poder.
El oficialismo aceptó incorporar una cláusula que impide a funcionarios y exfuncionarios de alta jerarquía acceder a los principales beneficios que otorga el Régimen de Inocencia Fiscal, como presunciones de exactitud de las declaraciones juradas de Ganancias e IVA por los períodos fiscales no prescriptos o el efecto liberatorio del pago del impuesto.
La exclusión alcanza no sólo a quienes ocupan actualmente cargos públicos relevantes, sino también a quienes los hayan ejercido durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen. Entre ellos se puede mencionar a:
El dictamen amplía significativamente el universo de potenciales beneficiarios al eliminar los límites patrimoniales y de ingresos que rigen en el actual régimen.
Con la eliminación de los topes de facturación y patrimonio ($1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 de patrimonio), el régimen simplificado dejaría de estar orientado exclusivamente a contribuyentes medianos y pasaría a estar disponible también para grandes patrimonios.
La reforma apuesta a una mayor formalización de activos y ahorros, eliminando barreras de acceso que restringían el alcance práctico del sistema.
El dictamen excluye de los beneficios del régimen a los Grandes Contribuyentes. Sin embargo, al igual que los funcionarios públicos, podrán acceder a presentar sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias bajo el régimen simplificado (sin informar patrimonio ni consumo) pero sin los beneficios especiales del bloqueo fiscal, efectos liberatorios del pago, limitación al uso de presunciones, etc.
Uno de los cambios técnicos más relevantes consiste en la incorporación de un umbral mínimo para determinar cuándo una diferencia detectada por ARCA puede considerarse verdaderamente significativa. La iniciativa busca evitar que inconsistencias de escasa magnitud provoquen automáticamente la pérdida de los beneficios del régimen.
En efecto, la discrepancia significativa se verificaría en aquellos casos donde la diferencia del impuesto determinado originalmente declarado respecto del que determine el Fisco sea superior a un 15% (o supere el monto objetivo de punibilidad del delito de evasión simple que asciende a $100 millones).
Sin embargo, se establece un umbral mínimo de $5 millones de pesos; es decir, si la diferencia del impuesto determinado, aún superando el 15% del monto originalmente declarado no excediera el mencionado umbral, no se verificaría discrepancia significativa y se mantendrían en consecuencia todos los beneficios garantizados por el régimen.
El proyecto introduce además un criterio de materialidad que procura otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica al contribuyente.
El nuevo esquema contempla una instancia de corrección voluntaria que permite subsanar diferencias detectadas por ARCA sin perder los beneficios obtenidos. En efecto, si el contribuyente rectifica su declaración jurada y cancela (o regulariza) el saldo más los intereses resarcitorios dentro del plazo de 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o resolución determinativa de oficio, no se configura discrepancia significativa y la presunción de exactitud se mantiene.
La filosofía del proyecto privilegia la regularización y el cumplimiento antes que la exclusión automática del contribuyente frente a errores o discrepancias.
La incorporación de un mecanismo de rectificación aparece como una de las herramientas más novedosas para reducir la litigiosidad potencial del régimen.
El proyecto fija un plazo límite para la exteriorización de los fondos al 31 de diciembre de 2027. Asimismo, el proyecto de reforma del régimen de Inocencia Fiscal establece que los fondos canalizados a través de los medios autorizados por el BCRA y/o la CNV se consideran incorporados al patrimonio el día de la operación a través de la cual los fondos son ingresados al circuito bancario.
Este aspecto es relevante toda vez que libera de potenciales contingencias en relación con el Impuesto sobre los Bienes Personales respecto de los períodos fiscales no prescriptos. Cabe recordar también que la presunción de exactitud no recae sobre dicho impuesto.
Por otra parte, el proyecto de reforma del régimen de Inocencia Fiscal establece una excepción a la obligación de bancarizar los fondos no declarados. En efecto, el proyecto permite el uso de dinero en efectivo en escrituras públicas traslativas de dominio. La intervención del Escribano Público en el acto notarial "santifica" el pago, exceptuándolo de la obligación de bancarización. Esto permite que fondos no declarados fluyan directamente a operaciones inmobiliarias sin el requisito previo de depósito bancario.
Sobre el cambio político más relevante
La principal modificación introducida durante el debate fue la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios sustanciales del régimen, una decisión que buscó neutralizar las críticas vinculadas a eventuales privilegios para quienes ejercen o ejercieron cargos de poder.
El oficialismo aceptó incorporar una cláusula que impide a funcionarios y exfuncionarios de alta jerarquía acceder a los principales beneficios que otorga el Régimen de Inocencia Fiscal, como presunciones de exactitud de las declaraciones juradas de Ganancias e IVA por los períodos fiscales no prescriptos o el efecto liberatorio del pago del impuesto.
La exclusión alcanza no sólo a quienes ocupan actualmente cargos públicos relevantes, sino también a quienes los hayan ejercido durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen. Entre ellos se puede mencionar a:
- Secretarios de Estado o cargos equivalentes del Poder Ejecutivo nacional, provincial, municipal y CABA.
- Legisladores nacionales, provinciales, porteños, concejales y parlamentarios del Mercosur.
- Magistrados judiciales y miembros del Ministerio Público.
- Defensores del Pueblo.
- Integrantes del Consejo de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento.
- Presunción de exactitud de la declaración.
- Efectos liberatorios del pago.
- Limitaciones a las fiscalizaciones.
- Limitaciones al uso de presunciones de incremento patrimonial no justificado y depósitos bancarios que excedan el monto de ventas declaradas.
Sobre la ampliación del alcance del régimen
El dictamen amplía significativamente el universo de potenciales beneficiarios al eliminar los límites patrimoniales y de ingresos que rigen en el actual régimen.
Con la eliminación de los topes de facturación y patrimonio ($1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 de patrimonio), el régimen simplificado dejaría de estar orientado exclusivamente a contribuyentes medianos y pasaría a estar disponible también para grandes patrimonios.
La reforma apuesta a una mayor formalización de activos y ahorros, eliminando barreras de acceso que restringían el alcance práctico del sistema.
El dictamen excluye de los beneficios del régimen a los Grandes Contribuyentes. Sin embargo, al igual que los funcionarios públicos, podrán acceder a presentar sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias bajo el régimen simplificado (sin informar patrimonio ni consumo) pero sin los beneficios especiales del bloqueo fiscal, efectos liberatorios del pago, limitación al uso de presunciones, etc.
Sobre la presunción de exactitud
Uno de los cambios técnicos más relevantes consiste en la incorporación de un umbral mínimo para determinar cuándo una diferencia detectada por ARCA puede considerarse verdaderamente significativa. La iniciativa busca evitar que inconsistencias de escasa magnitud provoquen automáticamente la pérdida de los beneficios del régimen.
En efecto, la discrepancia significativa se verificaría en aquellos casos donde la diferencia del impuesto determinado originalmente declarado respecto del que determine el Fisco sea superior a un 15% (o supere el monto objetivo de punibilidad del delito de evasión simple que asciende a $100 millones).
Sin embargo, se establece un umbral mínimo de $5 millones de pesos; es decir, si la diferencia del impuesto determinado, aún superando el 15% del monto originalmente declarado no excediera el mencionado umbral, no se verificaría discrepancia significativa y se mantendrían en consecuencia todos los beneficios garantizados por el régimen.
El proyecto introduce además un criterio de materialidad que procura otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica al contribuyente.
Sobre la posibilidad de rectificar
El nuevo esquema contempla una instancia de corrección voluntaria que permite subsanar diferencias detectadas por ARCA sin perder los beneficios obtenidos. En efecto, si el contribuyente rectifica su declaración jurada y cancela (o regulariza) el saldo más los intereses resarcitorios dentro del plazo de 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o resolución determinativa de oficio, no se configura discrepancia significativa y la presunción de exactitud se mantiene.
La filosofía del proyecto privilegia la regularización y el cumplimiento antes que la exclusión automática del contribuyente frente a errores o discrepancias.
La incorporación de un mecanismo de rectificación aparece como una de las herramientas más novedosas para reducir la litigiosidad potencial del régimen.
Canalización de las operaciones a través de medios autorizados por el BCRA y/o CNV
El proyecto intenta asimismo dar rango de ley a una exigencia que hoy se encuentra vigente a través de la reglamentación del régimen de Inocencia Fiscal, y que se trata de la obligatoriedad de canalizar los fondos derivados de sus operaciones (los denominados “dólares bajo el colchón”) a través de medios autorizados por el BCRA y/o la CNV. Cabe señalar que el proyecto contempla la posibilidad de utilizar dichos medios en “origen” o en el “destino” de los fondos.El proyecto fija un plazo límite para la exteriorización de los fondos al 31 de diciembre de 2027. Asimismo, el proyecto de reforma del régimen de Inocencia Fiscal establece que los fondos canalizados a través de los medios autorizados por el BCRA y/o la CNV se consideran incorporados al patrimonio el día de la operación a través de la cual los fondos son ingresados al circuito bancario.
Este aspecto es relevante toda vez que libera de potenciales contingencias en relación con el Impuesto sobre los Bienes Personales respecto de los períodos fiscales no prescriptos. Cabe recordar también que la presunción de exactitud no recae sobre dicho impuesto.
Por otra parte, el proyecto de reforma del régimen de Inocencia Fiscal establece una excepción a la obligación de bancarizar los fondos no declarados. En efecto, el proyecto permite el uso de dinero en efectivo en escrituras públicas traslativas de dominio. La intervención del Escribano Público en el acto notarial "santifica" el pago, exceptuándolo de la obligación de bancarización. Esto permite que fondos no declarados fluyan directamente a operaciones inmobiliarias sin el requisito previo de depósito bancario.