Nuevo pacto fiscal: menos controles, más confianza

En los últimos días, el ministro de Economía ha anunciado un conjunto de medidas que, lejos de tratarse de un blanqueo puntual, configuran una propuesta mucho más profunda: un rediseño estructural del sistema tributario argentino. No se trata de una medida aislada, sino de un intento de reconfigurar integralmente el vínculo entre el Estado, los contribuyentes y el dinero en la economía. 
 
El diagnóstico oficial es claro: durante los últimos 20 años, el modelo fiscal dominante fue crecientemente opresivo, recaudador y burocrático. Se duplicó el gasto público, se incrementaron los impuestos hasta niveles asfixiantes para las pymes, y se desplegó un sistema de control tributario de rasgos casi intrusivos, donde cualquier movimiento del contribuyente era fiscalizado, desde una extracción en cajero hasta una compra en supermercado. Este enfoque empujó a millones de argentinos a la informalidad o a la pérdida de la residencia y consolidó un círculo vicioso de eyección, evasión, represión y atesoramiento improductivo. 
 
El nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias se propone como alternativa a ese modelo. Su esencia reside en un cambio de paradigma: quienes adhieran tributarán sobre la base de sus ingresos y gastos declarados, sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fiscalice su patrimonio ni sus consumos personales. A cambio, se les exige una única cosa: aceptar el tributo que determine automáticamente el fisco. 

Este pacto fiscal simplificado no solo busca aliviar la carga burocrática, sino también promover la formalización mediante incentivos claros. En este marco, el gobierno habilitará a los pequeños ahorristas a usar sus dólares o pesos no declarados para adquirir bienes, consumir o invertir, sin necesidad de exteriorizar activos ni explicar su origen. La lógica es que esos fondos, al ingresar en la economía formal, pagarán impuestos indirectos —IVA, combustibles, internos, impuesto al cheque— y dinamizarán sectores que hoy están paralizados por falta de liquidez. 
 
Ahora bien, esta propuesta —culturalmente ambiciosa— requiere también una infraestructura legal coherente. Un cambio de paradigma no puede sostenerse únicamente desde el discurso. Por eso, para consolidar esta transición, será necesario revisar al menos tres grandes cuerpos normativos: la ley de procedimiento fiscal, la ley penal tributaria y la ley penal cambiaria. También será indispensable ajustar ciertos marcos normativos vinculados a la lucha contra el lavado de activos, para garantizar que el enfoque de control se centre en los casos verdaderamente peligrosos y no en los ciudadanos comunes. 
 
En materia penal tributaria, urge actualizar los montos mínimos de punibilidad. El umbral vigente ha quedado desactualizado por la inflación, lo que genera que contribuyentes con omisiones de escasa entidad económica terminen enfrentando procesos penales que no se justifican en términos de política criminal. En el mismo sentido, la ley de procedimientos fiscales debería revisarse para reducir el enorme margen de discrecionalidad que hoy tiene la ARCA en materia de presunciones, inspecciones y requerimientos. 
 
Este rediseño normativo debería incorporar, además, una cláusula específica destinada a los contribuyentes que adhieran al régimen simplificado. En concreto, resulta necesario definir con claridad tanto el alcance como las obligaciones que asumen al incorporarse al sistema, e introducir en la Ley de Procedimiento Tributario una presunción de exactitud respecto de su situación fiscal, tanto pasada como presente. Esta presunción solo debería ceder ante supuestos de desvíos significativos y objetivamente comprobables. 

En efecto, el sistema exige que la presunción solo pueda ceder si se verifican desvíos significativos entre ingresos reales y los reportados, en supuestos objetivos y excepcionales. Así, se consolidaría un verdadero régimen de confianza limitada pero estable, donde los contribuyentes no deberán rendir cuentas sobre su patrimonio o consumo personal. 

También resulta destacable que el nuevo régimen pretende ampliar la base de aportantes, incluso alentando a los actuales monotributistas a migrar voluntariamente hacia el sistema simplificado. Esto podría permitir, a mediano plazo, reducir la presión tributaria sobre quienes hoy sostienen el grueso de la recaudación, sin afectar la solvencia del Estado. 
 
Sin embargo, no todo es coherente en la ejecución normativa. Mientras se anuncia que los contribuyentes no adheridos al régimen simplificado podrán realizar operaciones mensuales por hasta $50 millones sin que ARCA reciba reportes, la Resolución General 5700 —publicada el 27 de mayo de este año— obliga a los vendedores y locadores a identificar a los compradores cuando la operación supere los $10 millones. Esta incongruencia debilita el mensaje político, genera ruido en los operadores económicos y genera duda sobre ciertos anuncios. 
 
En definitiva, lo que está en juego no es un beneficio para evasores ni una amnistía fiscal encubierta. Lo que se propone es la reconstrucción de un nuevo orden tributario, donde el Estado deje de partir del supuesto de que todos los ciudadanos son sospechosos, y comience a construir un régimen basado en la proporcionalidad, la transparencia y la confianza. Si el rumbo es el correcto, lo determinarán no sólo los anuncios, sino la voluntad de hacer coherente el sistema legal con la visión que hoy se enuncia.