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Nueva resolución de la IGJ: menos burocracia y más agilidad
Nueva resolución de la IGJ: menos burocracia y más agilidad
La Inspección General de Justicia (IGJ) introdujo el pasado 13 de mayo, a través de la Resolución General 3/2026, una serie de cambios orientados a simplificar trámites y reducir cargas administrativas parta sociedades y profesionales.
La normativa en cuestión modifica diferentes aspectos vinculados a la inscripción de designación y el cese de administradores, las reuniones a distancia, los dictámines de precalificación profesional y las declaraciones juradas.
En términos generales, elimina a su vez diversos requisitos que resultaban redundantes o duplicados. Además, simplifica la documentación exigida y amplía más las formas de cumplimiento que pueden utilizarse en distintos trámites.
Si bien los cambios establecidos son en su mayoría ajustes de carácter operativo, su impacto apunta a aspectos más amplios y son relevantes en la reducción de la burocracia en gestiones ante la IGJ, la disminución de costos y tiempos asociados, y en la facilitación del funcionamiento cotidiano de empresas y profesionales.
Cabe destacar que todos estos puntos se consiguen sin afectar de forma directa las garantías esenciales de los socios, administradores o terceros, manteniendo así los estándares de control y seguridad jurídica.
La resolución significa en líneas generales un paso hacia la simplificación, ya que se enmarca en una política más amplia de modernización del Estado como instrumento para dinamizar la economía.
De esta forma busca promover la actividad empresarial, facilitar el acceso a la economía formal, fomentar la inversión e impulsar la creación del empleo.
La normativa en cuestión modifica diferentes aspectos vinculados a la inscripción de designación y el cese de administradores, las reuniones a distancia, los dictámines de precalificación profesional y las declaraciones juradas.
En términos generales, elimina a su vez diversos requisitos que resultaban redundantes o duplicados. Además, simplifica la documentación exigida y amplía más las formas de cumplimiento que pueden utilizarse en distintos trámites.
Si bien los cambios establecidos son en su mayoría ajustes de carácter operativo, su impacto apunta a aspectos más amplios y son relevantes en la reducción de la burocracia en gestiones ante la IGJ, la disminución de costos y tiempos asociados, y en la facilitación del funcionamiento cotidiano de empresas y profesionales.
Cabe destacar que todos estos puntos se consiguen sin afectar de forma directa las garantías esenciales de los socios, administradores o terceros, manteniendo así los estándares de control y seguridad jurídica.
La resolución significa en líneas generales un paso hacia la simplificación, ya que se enmarca en una política más amplia de modernización del Estado como instrumento para dinamizar la economía.
De esta forma busca promover la actividad empresarial, facilitar el acceso a la economía formal, fomentar la inversión e impulsar la creación del empleo.