Cuando los prompts de IA son prueba informática en juicio: Conservation Law Foundation v. Shell
Cuando los prompts de IA son prueba informática en juicio: Conservation Law Foundation v. Shell
La creciente digitalización está transformando el funcionamiento de la justicia y la prueba en los litigios ya no se construye únicamente sobre documentos físicos, sino también sobre grandes volúmenes de información digital.
En este contexto, el eDiscovery —el proceso mediante el cual las partes identifican, preservan y comparten evidencia electrónica, asimilable en nuestro foro a la producción de prueba informática— se ha convertido en una pieza clave.
En este sentido, la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) intensificó esta transformación, introduciendo nuevas cuestiones procedimentales. De hecho, una de ellas fue abordada en el caso Conservation Law Foundation v. Shell Oil Co., resuelto el 18 de mayo de 2026 por un tribunal federal de Estados Unidos, y, si bien se trata de una caso local, sus premisas y conclusiones son aplicables universalmente.
El caso surge en el marco de un litigio ambiental en el que Conservation Law Foundation demandó a Shell. Durante la etapa de producción de prueba, una experta de la parte actora utilizó herramientas de IA para analizar grandes volúmenes de documentos proporcionados por la demandada. Para preparar su informe pericial, la experta y su equipo emplearon una herramienta de IA generativa (como ChatGPT u otras similares), formulando una serie de “prompts”, es decir, instrucciones que orientaban al sistema sobre cómo procesar la información y qué resultados generar. Este tipo de práctica es cada vez más habitual cuando la cantidad de datos excede la capacidad de revisión manual.
El conflicto jurídico surgió cuando la defensa de Shell solicitó acceso a esos prompts. Los abogados de la demandada sostuvieron que dichos inputs eran necesarios para evaluar el trabajo pericial y determinar si el proceso de selección documental había introducido sesgos o excluido materiales relevantes. La parte actora se opuso, argumentando que esas instrucciones no constituían evidencia relevante o que, en todo caso, estaban protegidas como material interno del experto o parte del proceso de elaboración del informe pericial.
A su vez, se invocaron acuerdos entre las partes que limitarían el alcance del discovery respecto de este tipo de materiales. Sin embargo, aquí subyacía una preocupación todavía más amplia: en los litigios, las partes suelen intentar desacreditar a los expertos de su contraparte, y la divulgación de herramientas de IA podría abrir nuevas vías para cuestionar la fiabilidad de sus análisis.
El tribunal rechazó estos argumentos y resolvió que los prompts debían incluirse en la producción de prueba. Sostuvo que las instrucciones utilizadas por un experto para operar una herramienta de IA forman parte de su metodología, tradicionalmente materia sujeta a discovery bajo las reglas procesales federales en USA. En consecuencia, no pueden considerarse automáticamente excluidas ni protegidas por el solo hecho de haberse generado en un entorno tecnológico.
El razonamiento del tribunal se apoya en un principio ampliamente aceptado: las partes tienen derecho a examinar no solo las conclusiones de un experto, sino también los procedimientos y criterios que las sustentan. El uso de inteligencia artificial no altera esta lógica. Por el contrario, la credibilidad de la prueba dependerá, en gran medida, de la transparencia del proceso que la generó.
En este caso, el modo en que la experta utilizó la IA para seleccionar, filtrar y analizar documentos constituía, según el criterio del tribunal, una dimensión esencial de su trabajo técnico y, por lo tanto, debía ser verificable por la contraparte. Así, la producción de prueba no puede limitarse a los resultados, sino que debe abarcar también los procesos que los generan.
Este fallo reviste especial importancia porque constituye una de las primeras decisiones judiciales que aborda de manera explícita la relación entre inteligencia artificial y prueba informática. Además, se inscribe en una tendencia a ampliar el concepto de información electrónicamente almacenada (ESI), incluyendo no solo datos tradicionales —como correos electrónicos o archivos digitales— sino también las interacciones humanas con sistemas de IA, como los prompts.
El efecto de esta decisión trasciende el caso y el foro concreto. Para las organizaciones, implica repensar la gestión de la información en entornos con IA. Si los prompts pueden ser considerados evidencia, su preservación, trazabilidad y documentación se vuelven aspectos críticos desde el punto de vista legal. La ausencia de estos registros podría generar riesgos en futuros litigios, tanto por incumplimiento de las obligaciones de discovery (como el deber de preservar evidencia) como por dificultades para sostener la validez de análisis realizados mediante IA.
Asimismo, el caso plantea desafíos en materia de confidencialidad y estrategia. Los prompts no son meros comandos técnicos: pueden revelar criterios de selección, hipótesis de trabajo, referencias a datos concretos e incluso información potencialmente sensible. Por lo tanto, su divulgación puede implicar una exposición indirecta de datos o de la estrategia del caso.
No obstante, el tribunal dejó en claro que estas preocupaciones no justifican su exclusión automática. De hecho, enfatizó la necesidad de equilibrar la transparencia probatoria con la protección de la información.
En esencia, si un documento electrónico —incluido un prompt— constituye evidencia, debe ser accesible salvo que exista una razón específica y fundada para excluirlo, circunstancia que no se verificó en este caso.
En definitiva, Conservation Law Foundation v. Shell marca un punto de inflexión en la comprensión de la prueba en la era de la inteligencia artificial. Al reconocer que los prompts integran la metodología pericial y son, por tanto, susceptibles de análisis judicial, el tribunal sienta un precedente que probablemente influirá en futuros litigios.
Más allá de la sofisticación tecnológica, los principios básicos de control, contradicción y acceso a la prueba permanecen inalterados. En ese delicado equilibrio entre innovación y garantías procesales se jugará, en buena medida, el futuro de la prueba informática y del litigio en la era digital.
En este contexto, el eDiscovery —el proceso mediante el cual las partes identifican, preservan y comparten evidencia electrónica, asimilable en nuestro foro a la producción de prueba informática— se ha convertido en una pieza clave.
En este sentido, la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) intensificó esta transformación, introduciendo nuevas cuestiones procedimentales. De hecho, una de ellas fue abordada en el caso Conservation Law Foundation v. Shell Oil Co., resuelto el 18 de mayo de 2026 por un tribunal federal de Estados Unidos, y, si bien se trata de una caso local, sus premisas y conclusiones son aplicables universalmente.
El caso surge en el marco de un litigio ambiental en el que Conservation Law Foundation demandó a Shell. Durante la etapa de producción de prueba, una experta de la parte actora utilizó herramientas de IA para analizar grandes volúmenes de documentos proporcionados por la demandada. Para preparar su informe pericial, la experta y su equipo emplearon una herramienta de IA generativa (como ChatGPT u otras similares), formulando una serie de “prompts”, es decir, instrucciones que orientaban al sistema sobre cómo procesar la información y qué resultados generar. Este tipo de práctica es cada vez más habitual cuando la cantidad de datos excede la capacidad de revisión manual.
El conflicto jurídico surgió cuando la defensa de Shell solicitó acceso a esos prompts. Los abogados de la demandada sostuvieron que dichos inputs eran necesarios para evaluar el trabajo pericial y determinar si el proceso de selección documental había introducido sesgos o excluido materiales relevantes. La parte actora se opuso, argumentando que esas instrucciones no constituían evidencia relevante o que, en todo caso, estaban protegidas como material interno del experto o parte del proceso de elaboración del informe pericial.
A su vez, se invocaron acuerdos entre las partes que limitarían el alcance del discovery respecto de este tipo de materiales. Sin embargo, aquí subyacía una preocupación todavía más amplia: en los litigios, las partes suelen intentar desacreditar a los expertos de su contraparte, y la divulgación de herramientas de IA podría abrir nuevas vías para cuestionar la fiabilidad de sus análisis.
El tribunal rechazó estos argumentos y resolvió que los prompts debían incluirse en la producción de prueba. Sostuvo que las instrucciones utilizadas por un experto para operar una herramienta de IA forman parte de su metodología, tradicionalmente materia sujeta a discovery bajo las reglas procesales federales en USA. En consecuencia, no pueden considerarse automáticamente excluidas ni protegidas por el solo hecho de haberse generado en un entorno tecnológico.
Por qué la IA puede ser utilizada como prueba informática
El razonamiento del tribunal se apoya en un principio ampliamente aceptado: las partes tienen derecho a examinar no solo las conclusiones de un experto, sino también los procedimientos y criterios que las sustentan. El uso de inteligencia artificial no altera esta lógica. Por el contrario, la credibilidad de la prueba dependerá, en gran medida, de la transparencia del proceso que la generó.
En este caso, el modo en que la experta utilizó la IA para seleccionar, filtrar y analizar documentos constituía, según el criterio del tribunal, una dimensión esencial de su trabajo técnico y, por lo tanto, debía ser verificable por la contraparte. Así, la producción de prueba no puede limitarse a los resultados, sino que debe abarcar también los procesos que los generan.
Este fallo reviste especial importancia porque constituye una de las primeras decisiones judiciales que aborda de manera explícita la relación entre inteligencia artificial y prueba informática. Además, se inscribe en una tendencia a ampliar el concepto de información electrónicamente almacenada (ESI), incluyendo no solo datos tradicionales —como correos electrónicos o archivos digitales— sino también las interacciones humanas con sistemas de IA, como los prompts.
Qué impacto tiene el uso de la IA cómo prueba en las organizaciones
El efecto de esta decisión trasciende el caso y el foro concreto. Para las organizaciones, implica repensar la gestión de la información en entornos con IA. Si los prompts pueden ser considerados evidencia, su preservación, trazabilidad y documentación se vuelven aspectos críticos desde el punto de vista legal. La ausencia de estos registros podría generar riesgos en futuros litigios, tanto por incumplimiento de las obligaciones de discovery (como el deber de preservar evidencia) como por dificultades para sostener la validez de análisis realizados mediante IA.
Asimismo, el caso plantea desafíos en materia de confidencialidad y estrategia. Los prompts no son meros comandos técnicos: pueden revelar criterios de selección, hipótesis de trabajo, referencias a datos concretos e incluso información potencialmente sensible. Por lo tanto, su divulgación puede implicar una exposición indirecta de datos o de la estrategia del caso.
No obstante, el tribunal dejó en claro que estas preocupaciones no justifican su exclusión automática. De hecho, enfatizó la necesidad de equilibrar la transparencia probatoria con la protección de la información.
En esencia, si un documento electrónico —incluido un prompt— constituye evidencia, debe ser accesible salvo que exista una razón específica y fundada para excluirlo, circunstancia que no se verificó en este caso.
En definitiva, Conservation Law Foundation v. Shell marca un punto de inflexión en la comprensión de la prueba en la era de la inteligencia artificial. Al reconocer que los prompts integran la metodología pericial y son, por tanto, susceptibles de análisis judicial, el tribunal sienta un precedente que probablemente influirá en futuros litigios.
Más allá de la sofisticación tecnológica, los principios básicos de control, contradicción y acceso a la prueba permanecen inalterados. En ese delicado equilibrio entre innovación y garantías procesales se jugará, en buena medida, el futuro de la prueba informática y del litigio en la era digital.