Análisis de las implicancias laborales del Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo
Análisis de las implicancias laborales del Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo
A pesar de la fuerte resistencia de múltiples sectores, el Gobierno Nacional ha avanzado en una de las materias más sensibles del derecho argentino: la legislación laboral. En un camino que inició con el DNU 70/2023, y que siguió con la aprobación de la Ley de Bases 27.742, el oficialismo busca ahora dar un paso más con un nuevo proyecto que apunta a reformar la Ley de Contrato de Trabajo, incentivar el empleo y facilitar la inversión.
El 28 de noviembre de 2024, el oficialismo presentó en Diputados el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. Su núcleo: actualizar prácticas laborales, alinear beneficios sociales con las dinámicas del siglo XXI y ofrecer incentivos fiscales a la contratación. ¿Se trata de una verdadera modernización o de una flexibilización con otro nombre?
Pactos individuales y nuevos beneficios sociales
Uno de los puntos más discutibles del proyecto reside en la posibilidad de que empleadores y trabajadores pacten cambios en las “modalidades esenciales” del contrato de trabajo. Esto, aunque sujeto a homologación por parte de la autoridad administrativa, introduce un margen de negociación individual que puede debilitar el principio de irrenunciabilidad consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Por otra parte, se reconocen prácticas extendidas en el mundo del trabajo que hasta ahora no estaban claramente amparadas por la ley: reintegros por medicina prepaga, servicios de cuidado infantil, acceso a internet o vouchers alimentarios. La ley busca que estos beneficios no sean considerados remunerativos, brindando alivio fiscal al empleador y mejor calidad de vida al trabajador. ¿Un win-win? Posiblemente, aunque no exento de riesgos si se utilizan para sustituir parte del salario formal.
Más certezas sobre vacaciones, licencias y certificados médicos
El proyecto actualiza criterios de otorgamiento de vacaciones, ampliando los períodos posibles y permitiendo fragmentación. También propone cambios en la gestión de enfermedades inculpables, con la creación de un Registro de Médicos oficial para validar certificados. Con ello, se busca zanjar viejas controversias judiciales que generaban litigios e incertidumbre para ambas partes.
En paralelo, se establece que los créditos laborales devengarán intereses más previsibles —limitados a un tope razonable vinculado al IPC—, incluso en casos de quiebra o concurso del empleador.
Incentivos a la contratación: ¿herramienta eficaz o espejismo fiscal?
El proyecto propone un esquema de créditos fiscales para quienes incorporen nuevos trabajadores, con porcentajes de beneficio crecientes según el tamaño de la empresa. En paralelo, incentiva la contratación de empleados provenientes del sector público, con condiciones específicas para evitar favoritismos o acomodos.
Ambas medidas podrían tener impacto positivo en un mercado laboral que necesita dinamismo. No obstante, su eficacia real dependerá de la confianza empresarial y de un contexto macroeconómico que aún no da señales claras de recuperación sostenible.
El límite entre modernización y precarización
El texto parece orientarse a legitimar legalmente muchas prácticas que ya ocurren de facto en el mundo laboral argentino. En ese sentido, puede leerse como un intento de alinear la norma con la realidad. Pero este tipo de reformas también suelen poner en tensión derechos adquiridos, sobre todo cuando se apela al “acuerdo entre partes” en contextos de fuerte asimetría de poder.
No es una ley “light”, pero tampoco parece un recorte brutal. Su implementación efectiva dependerá de cómo se reglamente, cómo se controle y, sobre todo, de si se logra un consenso político mínimo que evite el eterno péndulo normativo argentino.
Conclusión
El proyecto de ley se presenta como una apuesta ambiciosa por modernizar el marco laboral argentino y alentar la creación de empleo. Reconoce prácticas contemporáneas, propone incentivos para la contratación y busca reducir la litigiosidad.
Pero, como toda gran reforma, lo que está en juego es más que una modificación normativa: es una redefinición del contrato social en el mundo del trabajo. Y eso, en Argentina, siempre es un terreno complejo.