• Responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción

Responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción

Prensa Económica |
Carlos Rozen , Socio de Consultoría |

12 enero 2018

La Ley busca penalizar severamente los hechos de corrupción sancionando a las personas jurídicas involucradas en en este tipo de casos, independientemente de las sanciones que correspondan a las personas físicas. Las empresas incrementarán los programas de compliance.

A principios de noviembre de 2017, el Congreso aprobó una ley mediante la cual se establece el Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas por Delitos contra la Administración Pública y por Cohecho Transnacional. Luego de intrincados debates, idas y vueltas, modificaciones tanto en ambas cámaras del Congreso Nacional, discusiones y algunos dichos subidos de tono por parte de determinados congresistas, el Congreso aprobó esta ley que va a incrementar notoriamente la cantidad de `programas de compliance` (o de integridad, según los llama la ley).

La Ley busca penalizar significativamente los hechos de corrupción tomando como referencia estándares y tendencias internacionales que sancionan a las personas jurídicas involucradas en casos de corrupción, independientemente de las sanciones que correspondan a las personas físicas involucradas.

De las conversaciones con funcionarios de la Justicia (principalmente Fiscales y Jueces), pudimos resumir las siguientes medidas o acciones que facilitarán y potenciarán la reglamentación y buen uso de la ley:

  • Continuar con un fuerte régimen de Capacitación a Jueces y fiscales en materia de compliance, específicamente en comprender la eficacia y adecuación de los programas de integridad. Sin embargo esto no lo es todo. Resulta esencial introducir además entrenamientos en negociación. Pensemos que el fiscal se sentará con una compañía que está reconociendo hecho/s de corrupción y debe ser muy hábil (como posiblemente serán los abogados de la parte privada) para llegar a la mejor y más justa situación.
  • Pensar en la posibilidad de tener Fiscalías especializadas, para la investigación de este tipo de delitos desde la perspectiva de la responsabilidad empresarial.
  • Evaluar la alternativa de dar mayor credibilidad a los programas de integridad. Un ejemplo, entre otros posibles, podría ser la certificación de los programas por parte de expertos independientes (ejemplo chileno), la introducción de un organismo preparado para realizar estas evaluaciones (ejemplo peruano) o el desarrollo de un estándar o norma de gestión de compliance penal que sirva como parámetro a seguir (ejemplo español).

Evaluar la actuación de veedores o monitores que apuntalen a la organización una vez que se logra el acuerdo de colaboración eficaz. El monitor (figura muy difundida en los EEUU) es designado por el juez que actúa en el caso. El sistema fue evolucionando con la experiencia y en la actualidad existe un registro de Monitores `Elegibles`. La empresa también puede elegirlo, pero en estos casos el juez entiendo que tiene que aprobarlo.